CIUDAD
DE MÉXICO (ESHJC-EPAJC).- Juan Fernández Sánchez Navarro, integrante del
Congreso de la Unión, planteará importantes reformas al Código Penal para
castigar o sancionar a funcionarios que contraten a personas no competentes
para el servicio público, en pocas palabras “aviadores”.
Al
respecto, el Partido Acción Nacional en el Senado de la República, presionó para
abatir el desvío de recursos en que incurren los servidores públicos que
contratan “aviadores” gente que no genera ningún beneficio para la ciudadanía y
solo representan un gasto inútil para el erario público de los distintos
órdenes de gobierno.
En
ese argumento, y a nombre del grupo parlamentario del PAN en ese órgano
legislativo, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, comunicó que planteará
reformas al Artículo 215 del Código Penal Federal para endurecer las sanciones
a funcionarios que contraten personas en esa modalidad, asimismo a quienes
acepten esos puestos.
En
la iniciativa se refiere a las fracciones X a XII de ese apartado, donde se prevén
conductas relativas a la contratación de personas que no son idóneas para el
servicio público o que no realizan las actividades por las que son contratados. De
esa misma forma, una sanción tanto para el servidor público que los contrate
como para quien acepte el nombramiento sin que desempeñe el empleo.
Sin
embargo, indicó Fernández Sánchez Navarro, se ha estimado que esa medida no ha
resultado suficiente para reducir este tipo de conductas en que incurren la
mayor parte de gobiernos de los tres niveles, pues continuamente predominan
noticias que revelan la existencia de “aviadores” en diferentes instancias
federales y locales.
Por
esa misma razón, apuntó, que se propone “elevar la pena para quedar de dos a
nueve años de prisión, de 70 hasta 400 días de multa y destitución e
inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión en el servicio público”.
El
legislador panista exhibió que los llamados “aviadores” ocupan lugares que
podrían ser cubiertos por trabajadores con el perfil requerido, por eso demandó
que en caso de no ser necesarias podrían ser excluidas como parte de los
esquemas de reajuste de gasto, destinando dichos recursos a otros rubros dentro
del Gobierno, que deberían reflejarse en auténticos beneficios para la
población.
Argumentó
que los Estados democráticos se caracterizan por la transparencia y la
rendición de cuentas de los gobernantes frente a los ciudadanos y ciudadanas,
en específico ante el uso de los recursos públicos que implica su buen manejo.
“Esto
involucra a todos los servidores públicos de los diversos niveles de Gobierno, mismos
que tienen el compromiso y la responsabilidad de conducirse en sus funciones
con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia”.
El
integrante del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República hizo
énfasis en la necesidad de crear un mecanismo eficiente en la lucha del desvío
de los recursos públicos por parte de funcionarios. Es decir “no basta que
las reglamentaciones administrativas lo aguanten, sino más bien una estricta
regulación penal que permita su eficacia en el combate contra los servidores
públicos que abusan de su autoridad para desviar los recursos públicos”, subrayó.
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